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In 2012, the government of Argentina expropriated 51% of the shares of the oil company YPF belonging to the spanish corporation Repsol. The measure, according to the government of then President Cristina Fernández, sought to resume State control over the oil and gas company as a way to guarantee the country's energy self-sufficiency. Months earlier, Repsol had discovered enormous reserves of shale gas and oil in Vaca Muerta, which would now be exploited by the State. However, the reaction of the international community and potential new investors in light of the discriminatory nature of the expropriation obstructed the arrival of fresh capital. Given Argentina's own lack of resources and technology to exploit Vaca Muerta, the government reverted new controls on foreign investment, paid compensations due from earlier arbitral judgments, agreed on compensation for Repsol bypassing its own legislation and offered generous concessions to seal a contract with U.S.-based Chevron Corporation to invest in the new fields. ; En 2012, el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la empresa española Repsol. La medida, según el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández, buscaba retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético del país. Meses antes, Repsol había descubierto enormes reservas de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta, que ahora serían explotados por el Estado. Sin embargo, la reacción de la comunidad internacional y de potenciales nuevos inversionistas ante el carácter discriminatorio de la medida, obstaculizaron la llegada de capitales frescos. Ante la falta de recursos y tecnologías propias para explotar Vaca Muerta, el gobierno argentino revirtió nuevos controles sobre la inversión extranjera, pagó compensaciones pendientes establecidas en laudos anteriores, acordó una indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación y ofreció generosas concesiones a la ...

La actual situación energética en Chile y Bolivia podría convertirse en una oportunidad para que ambos países retomen la fracasada iniciativa de «gas por mar» avanzada hace una década por los presidentes Ricardo Lagos y Hugo Banzer. Desde entonces, el cuadro ha cambiado: la menor demanda de gas desde Argentina y el termino del contrato de exportación de gas a Brasil dentro de algunos años obliga a Bolivia a buscar nuevos mercados y una salida más económica para su gas; Chile, en tanto, entrampado en su dependencia energética, en un costoso sustituto de las importaciones de gas argentino y paralizados dos de sus principales futuros proyectos energéticos necesita fuentes de energía más limpias y menos costosas. Ambos países tienen que despejar un conflicto centenario que mantiene la triple frontera entre Chile, Bolivia y Perú en permanente fricción, en vez de ser un polo productivo trinacional que contribuya a la integración energética de Sudamérica.

In July 1971, the Chilean government nationalized the copper industry without compensating U.S.-based corporations that were, until then, co-owners of the mines. After nationalization, the coercive measures and economic strangulation the United States government was already applying against the Salvador Allende government became more acute, leading the Chilean government to seek a negotiated arrangement that would bring economic relief from the U.S.-imposed blockade. Chile offered to negotiate compensations, linked to the solution of other bilateral issues, in circumstances that it had no intention of making such concessions, bound by domestic politics and constitutional restrictions. There were four rounds of confidential bilateral conversations in 1972- 1973 that ended in a total impasse. Both sides became entrapped by their own arguments, based on a fierce defense of principles, divergent interpretations of international law and disagreements on the negotiation agenda. ; En julio de 1971 el gobierno chileno nacionalizó la Gran Minería del Cobre sin otorgar indemnización a las corporaciones estadounidenses hasta entonces co-propietarias de los yacimientos. Tras este hecho, se agravaron las medidas de coerción y estrangulamiento económico que ya imponía Estados Unidos sobre el gobierno de Salvador Allende, llevando al gobierno chileno a buscar un arreglo que alivianara el bloqueo económico de que era objeto. Ofreció negociar las indemnizaciones, en circunstancias de que no tenía voluntad de hacer concesiones y tampoco se lo permitían factores de política externa y restricciones constitucionales. Estados Unidos, en defensa de sus inversionistas, se rehusó a discutir cualquier otro tema que no fueran las indemnizaciones. Entre 1972-1973 hubo cuatro rondas de conversaciones reservadas que terminaron en un total impasse. Ambas partes se entramparon en sus propios argumentos, basados en una férrea defensa de principios, en divergentes interpretaciones del derecho internacional y en desacuerdos sobre los temas de la ...

This book explores the significance of remembering the rescuers denouncing human rights crimes and protecting targeted victims-including the dead-during the Cold War state violence in Latin America. It moves past a victim - perpetrator dichotomy to focus on those whose righteous acts were beacons for good in the midst of extreme violence.